El cine español durante los gobiernos socialistas de las dos últimas décadas del xx se caracteriza por la fuerte crisis con la reducción del número de películas, la disminución de espectadores y el cierre de salas en un primer momento. Las nuevas regulaciones y mecanismos de subvención (ley Miró) y la consiguiente caída de la producción, el acceso de nuevas generaciones de cineastas, los cambios en la exhibición con el vídeo doméstico y las nuevas «ventanas» de las cadenas de televisión, el cine hecho por mujeres, la renovación de los géneros, el aumento del público a finales de los noventa, la emergencia de nuevos temas y preocupaciones sociales, las sensibilidades de la primera generación nacida en democracia, etc. son algunos de los factores y cuestiones a tener en cuenta en este período del cine y de la sociedad española de recuperación de las libertades, construcción de la democracia y consolidación de derechos sociales.

Las prácticas económicas alternativas son modalidades de coordinación económica que se rigen de forma autónoma mediante mecanismos de democracia directa, que promueven valores comunitarios, cooperativos y sostenibles, y que pretenden sustituir, transformar o superar el capitalismo. Pueden actuar en redes de alcance global o centrarse en iniciativas de escala local, formando comunidades basadas en la confianza interpersonal y el encuentro habitual en sedes ubicadas en locales, solares o plazas. Esta obra estudia las prácticas de ámbito local que operan en distintas ciudades españolas. Se han analizado 67 experiencias, que comprenden bancos de tiempo, huertos comunitarios, grupos de consumo agroecológico, mercados de productores y de trueque, monedas sociales y centros sociales autogestionados. Estas iniciativas están impulsadas por personas con una fuerte conciencia crítica que aspiran a construir una sociedad más justa y más sostenible a través de su compromiso con las comunidades que se constituyen en torno a esta clase de propuestas económicas. Sin embargo, la escasez de medios materiales y la dependencia del trabajo voluntario de sus integrantes son factores que afectan a la capacidad de estas prácticas para transformar el modelo económico imperante e impulsar la transición hacia una economía, una sociedad y una política diferentes.